Las señales de un deterioro que no podemos ignorar
Es muy preocupante lo que estamos viviendo en España durante los últimos tiempos. Cada vez resulta más difícil interpretar determinados acontecimientos como episodios aislados. Cuando se observan en conjunto, dibujan un clima de crispación, enfrentamiento y deterioro institucional que debería alarmarnos, independientemente de nuestra ideología.
Hemos normalizado que en manifestaciones, discotecas, fiestas y conciertos se insulte al presidente del Gobierno con expresiones de una violencia verbal extrema. La crítica política, incluso la más dura, es legítima y necesaria en una democracia. El insulto sistemático, la deshumanización del adversario y la conversión del odio en una consigna colectiva no lo son. Cuando una sociedad deja de considerar al adversario político como un ciudadano con ideas diferentes y comienza a tratarlo como un enemigo al que hay que destruir, la convivencia democrática entra en un terreno peligroso.
También resulta inquietante la percepción, cada vez más extendida en una parte de la sociedad, de que determinadas decisiones judiciales pueden responder a criterios difíciles de comprender o parecer desiguales según las personas afectadas. La independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y debe ser protegida siempre. Pero respetarla no impide que las resoluciones de los tribunales puedan ser analizadas y criticadas dentro de los límites democráticos. Precisamente para preservar la confianza de la ciudadanía, toda actuación judicial debe estar rigurosamente fundamentada y ofrecer las máximas garantías de imparcialidad e igualdad ante la ley.
Cuando se abren y prolongan procedimientos contra familiares directos del presidente del Gobierno a partir de indicios discutibles, acusaciones difícilmente sostenibles o investigaciones que parecen buscar pruebas de unos delitos previamente imaginados, es legítimo preguntarse si determinados procesos están siendo utilizados para desgastar políticamente al Gobierno. Plantear esta preocupación no supone atacar a la justicia. Al contrario, significa reclamar que los tribunales nunca sean percibidos como un instrumento para conseguir por otras vías lo que no se ha logrado en las urnas.
Igualmente grave es que quienes denuncian presuntas irregularidades relacionadas con responsables públicos reciban amenazas de muerte. Ninguna discrepancia política ni ningún interés partidista puede justificar la intimidación de un abogado, un periodista, un funcionario o cualquier ciudadano que acuda a la justicia. Si denunciar hechos potencialmente ilícitos supone poner en peligro la propia vida, la libertad deja de ser real y pasa a existir únicamente sobre el papel.
También debemos prestar atención al modo en que se investigan acontecimientos que afectan directamente a la seguridad nacional. Si un informe policial detecta hechos relacionados con una actuación extranjera que pudiera haber favorecido una crisis migratoria o una entrada masiva de personas en Ceuta, impedir que esa información llegue a los superiores policiales o al Ministerio del Interior sería una decisión de enorme gravedad. El secreto de una investigación judicial no debería convertirse en un obstáculo para que las autoridades competentes puedan proteger la seguridad del país. Estos conflictos deben resolverse con transparencia, proporcionalidad y respeto a las competencias de cada institución.
A todo ello se suma la impresión de que no todas las manifestaciones reciben el mismo tratamiento. Cuando grupos de ultraderecha provocan altercados, destrozan mobiliario urbano o atacan a la policía, resulta llamativa la escasez de identificaciones y consecuencias. Sin embargo, cuando los excesos se producen en movilizaciones vinculadas a la izquierda, la respuesta parece mucho más rápida y contundente. Puede discutirse cada caso concreto, pero la reiteración de esta percepción debilita la confianza de la ciudadanía. La ley debe aplicarse de la misma manera, con independencia de quién se manifieste o de las ideas que defienda.
En este contexto adquiere especial importancia la consigna pronunciada en su día por el expresidente del Gobierno José María Aznar: «El que pueda hacer, que haga». Aquellas palabras podían interpretarse como un llamamiento a que cada persona utilizara su posición y todos los medios a su alcance para combatir al Gobierno. Eso es precisamente lo preocupante: la sensación de que algunos sectores de la derecha están llevando aquella consigna a la práctica desde sus distintos ámbitos de responsabilidad —político, institucional, judicial, mediático o empresarial—.
No estaríamos, por tanto, solamente ante una oposición parlamentaria legítima, sino ante una estrategia compartida de presión y desgaste destinada a obstaculizar al Gobierno por todas las vías posibles, aunque con ello se debilite el funcionamiento normal de las instituciones. La oposición tiene no solo el derecho, sino también la obligación de controlar al Gobierno. Pero ese control deja de ser democrático cuando el objetivo no es corregir sus decisiones, sustituirlo mediante las urnas o presentar un proyecto alternativo, sino impedirle gobernar a cualquier precio.
Resulta especialmente grave escuchar a dirigentes de la derecha y la ultraderecha afirmar públicamente que su propósito es conseguir que el presidente del Gobierno acabe en prisión. En democracia, la oposición legítima consiste en fiscalizar al Gobierno, presentar una alternativa y tratar de obtener la confianza de la ciudadanía en las urnas, no en anticipar condenas ni convertir los tribunales en una prolongación de la lucha política. Si existen indicios de delito, corresponde a la justicia investigarlos con independencia, pruebas suficientes y todas las garantías. Pero decidir primero que el adversario debe acabar en la cárcel y buscar después la forma de conseguirlo no es defender el Estado de derecho: es utilizarlo como un arma política y, en último término, erosionarlo.
No podemos ignorar tampoco la exhibición pública y despreocupada de símbolos, gestos y mensajes de exaltación franquista. España sufrió durante décadas una dictadura que eliminó derechos, persiguió a sus adversarios y negó a la ciudadanía la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes. Blanquear aquella dictadura no es una provocación inocente ni una simple opinión sobre el pasado: contribuye a hacer aceptables en el presente actitudes incompatibles con la democracia.
Las redes sociales desempeñan un papel decisivo en este deterioro. Millones de personas reciben diariamente mensajes simplificados, falsedades, insultos y contenidos diseñados para despertar miedo o indignación. Muchos de ellos van dirigidos especialmente a una juventud acostumbrada a consumir información de manera rápida, en un entorno que penaliza la reflexión y premia el impacto emocional. Cuando una explicación de más de dos líneas deja de leerse, la mentira breve y contundente parte con ventaja frente a la verdad, que casi siempre necesita contexto.
Este fenómeno no es exclusivamente español. Existe una corriente internacional de extrema derecha, impulsada y legitimada por figuras como Donald Trump, que cuestiona los resultados electorales cuando no le favorecen, desacredita a los jueces que no se someten a sus intereses, ataca a la prensa y presenta cualquier límite institucional como una conspiración. Su estrategia consiste en debilitar la confianza en la democracia desde dentro para después presentarse como la única fuerza capaz de restablecer un supuesto orden perdido.
Pero existe otro aspecto que también debería preocuparnos. Resulta triste comprobar cómo una parte de la derecha española, en su legítimo deseo de recuperar el Gobierno, está asumiendo planteamientos, discursos y estrategias propios de la ultraderecha. La fragmentación política ha colocado al Partido Popular ante una realidad incómoda: salvo que alcance una mayoría suficiente, sus posibilidades de gobernar dependen en gran medida del apoyo de Vox. Esa dependencia puede explicar su progresivo acercamiento a determinadas posiciones extremas, pero no lo justifica. Un partido con vocación de gobierno debe ser capaz de establecer sus propios límites y anteponer la defensa de las instituciones democráticas a cualquier cálculo electoral.
Esta situación nos obliga a preguntarnos si no habría llegado el momento de que los dos principales partidos del país, PSOE y PP, asumieran conjuntamente una responsabilidad histórica. No se trataría necesariamente de formar un Gobierno de coalición ni de renunciar a sus diferencias ideológicas, sino de alcanzar un acuerdo que estableciera unas líneas democráticas que ninguno de los dos estuviera dispuesto a traspasar.
Ese compromiso podría incluir el reconocimiento de la legitimidad del adversario, la renovación de los órganos constitucionales dentro de los plazos establecidos, la defensa de la independencia de las instituciones, el rechazo a cualquier intento de utilización partidista de la justicia y la renuncia a asumir planteamientos que cuestionen derechos fundamentales o principios básicos de convivencia.
También podrían acordar mecanismos que facilitaran la gobernabilidad cuando ninguno alcanzase una mayoría suficiente, evitando que fuerzas situadas en los extremos adquirieran una capacidad desproporcionada para condicionar al conjunto del país. Facilitar una investidura no significaría apoyar todas las políticas del Gobierno ni renunciar a ejercer una oposición firme. Significaría aceptar que España debe poder ser gobernada sin que cada legislatura se convierta en una batalla por la supervivencia del sistema.
Un acuerdo de esta naturaleza no eliminaría la confrontación política ni impediría que cada partido defendiera su propio proyecto. Al contrario, permitiría que la discrepancia regresara al terreno de las ideas y las propuestas. PSOE y PP podrían continuar compitiendo electoralmente, fiscalizándose y ofreciendo alternativas diferentes, pero compartiendo una certeza esencial: ningún interés partidista ni ninguna aspiración de poder pueden estar por encima de la democracia.
Tal vez una de las formas de frenar el avance de los extremismos consista precisamente en que los grandes partidos democráticos dejen de considerarse enemigos irreconciliables. El adversario no es quien propone una política económica, social o territorial diferente. El verdadero peligro procede de quienes pretenden deteriorar las reglas, desacreditar las instituciones, convertir la mentira y el odio en herramientas políticas o excluir a una parte de la sociedad de la vida democrática.
Por eso creo que el debate ha dejado de ser simplemente entre izquierda y derecha. Podemos discrepar sobre los impuestos, los servicios públicos, la inmigración, la organización territorial o la política económica. Esas diferencias forman parte de la democracia. La verdadera frontera aparece entre quienes aceptan las reglas democráticas incluso cuando pierden y quienes solamente las respetan cuando les permiten ganar.
No se trata de defender incondicionalmente a Pedro Sánchez, al Gobierno o a un partido determinado. Todos deben poder ser criticados, investigados y sustituidos democráticamente. Se trata de defender algo mucho más importante: el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes sin que una estrategia de odio, intimidación, manipulación informativa o instrumentalización de las instituciones altere esa voluntad.
La democracia es, probablemente, el bien más preciado que poseemos como sociedad. No nos fue regalada. Muchas personas lucharon por conquistarla, sufrieron persecución, cárcel y exilio, y algunas entregaron su propia vida para que las generaciones posteriores pudiéramos vivir en libertad. Por eso tenemos la obligación de cuidarla y defenderla, incluso cuando creemos que nada puede ponerla en peligro.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto tiempo. Es poder expresarnos sin miedo, criticar a quienes gobiernan, defender nuestras ideas, manifestarnos, recibir una justicia imparcial y elegir libremente nuestro modo de vida. En definitiva, la democracia es la que nos proporciona libertad. Y la libertad es uno de esos bienes cuyo inmenso valor, por desgracia, muchas veces no comprendemos plenamente hasta que lo perdemos.
Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Se debilitan poco a poco, mientras la sociedad se acostumbra al insulto, acepta el doble rasero, tolera la mentira y considera normales comportamientos que unos años antes habrían resultado inadmisibles. Por eso no debemos esperar a que sea demasiado tarde para reaccionar.
Hoy la pregunta fundamental no es únicamente si somos de izquierdas o de derechas. La verdadera cuestión es si queremos preservar una democracia en la que todos respetemos las mismas reglas, también cuando el resultado no nos gusta, o si estamos dispuestos a permitir que la imposición, el odio y la persecución sustituyan a la voluntad popular.
Defender la democracia es defender nuestra libertad. Y ninguna ambición de poder, ningún interés partidista y ninguna diferencia ideológica pueden estar por encima de ellas.