En los últimos seis años he sufrido algunos percances médicos que han podido resolverse gracias a nuestro sistema sanitario universal y gratuito. Con ayuda de la inteligencia artificial, he estimado que las intervenciones y los tratamientos recibidos podrían haber supuesto un desembolso cercano a los 100.000 euros si hubiera tenido que sufragarlos por mi cuenta.
Se trata de una estimación orientativa, pero basta para plantearme una pregunta que trasciende cualquier cálculo económico: ¿qué habría sido de mí si la atención que necesitaba hubiera dependido del saldo de mi cuenta bancaria?
¿Habría podido afrontar las intervenciones, los ingresos hospitalarios, las pruebas y los tratamientos posteriores? ¿Habría tenido que endeudarme, desprenderme de parte de mi patrimonio o recurrir a mi familia? ¿Y si, aun agotando todas esas posibilidades, el dinero no hubiera sido suficiente?
Para muchísimas familias, un gasto semejante sería inasumible. La necesidad de reunir ese dinero podría traducirse en pruebas aplazadas, tratamientos interrumpidos o renuncias impuestas por la falta de recursos. En determinadas enfermedades, esas demoras pueden comprometer la recuperación e incluso la supervivencia.
Es razonable pensar que algunas de las personas que hoy seguimos aquí no estaríamos si nuestra atención sanitaria hubiera dependido exclusivamente de nuestra capacidad económica.
Con frecuencia hablamos de los impuestos como si fueran únicamente una merma de nuestros ingresos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a valorar la protección que hacen posible, especialmente cuando la enfermedad irrumpe en nuestra vida.
No he calculado cuánto he abonado de IRPF durante estos seis años y, por tanto, no puedo afirmar si esa cantidad supera o no el coste estimado de mi atención. Pero la razón de ser del sistema público desborda cualquier balance individual: el derecho a recibir un tratamiento no exige haber aportado previamente el dinero que cuesta.
Contribuimos según nuestras posibilidades y recibimos atención según nuestras necesidades. Hoy ayudamos a sostener el tratamiento de otras personas; mañana podemos ser nosotros quienes necesitemos ese respaldo. Esa solidaridad organizada nos permite afrontar colectivamente riesgos que podrían desbordar la economía de cualquier hogar.
Conviene precisar qué entendemos por gratuidad. La sanidad tiene un coste y la financiamos entre todos. Su valor reside en que, cuando necesitamos atención, no tenemos que asumir directamente el importe íntegro de cada prueba, ingreso o intervención. Tras esa garantía hay recursos públicos, profesionales y un compromiso social que merece ser reconocido.
La comparación con Estados Unidos ofrece otro motivo de reflexión:
| Indicador | España | Estados Unidos |
|---|---|---|
| Esperanza de vida | Alrededor de 84 años | Alrededor de 79 años |
| PIB por habitante al año, aproximado | 32.628 € | 79.610 € |
| Salario medio bruto mensual, aproximado | 2.623 € | 5.443 € |
Los datos de esperanza de vida corresponden al Banco Mundial para 2024. Las cifras económicas son orientativas y dependen del año de referencia y del tipo de cambio empleado. Hay que tener en cuenta que el salario medio puede ocultar importantes desigualdades y no tiene porqué representar necesariamente la remuneración de la mayoría de los trabajadores.
Con esas cautelas, el contraste resulta significativo: Estados Unidos presenta un PIB por habitante superior al doble del español y un salario medio aproximadamente dos veces mayor, mientras que su esperanza de vida es unos cinco años inferior.
La longevidad responde a múltiples factores: condiciones sociales, alimentación, hábitos de vida, desigualdad y acceso a la atención sanitaria. Sería simplista atribuir toda esa diferencia al modelo sanitario o deducir de ella cuántas personas fallecen por no poder costear un tratamiento. Pero la comparación sí plantea una cuestión esencial: ¿en qué medida la riqueza de una sociedad se convierte en salud, seguridad y bienestar para quienes la integran?
Un salario más elevado puede perder buena parte de su ventaja si una enfermedad grave amenaza con quebrar la economía familiar. Por el contrario, la certeza de recibir atención con independencia de nuestros recursos constituye una forma de seguridad cuyo valor difícilmente se aprecia hasta que resulta imprescindible.
Extendamos ahora esta reflexión a otros servicios públicos.
Pensemos en una familia con dos hijos que resida en Madrid y que tuviera que contratar por su cuenta prestaciones que hoy se sostienen colectivamente. Utilicemos, a modo de ejemplo, las siguientes cantidades:
| Concepto | Gasto mensual supuesto |
|---|---|
| Seguro médico familiar | 250 € |
| Educación privada para dos hijos | 1.200 € |
| Ahorro privado para la jubilación de ambos adultos: 200 € por persona | 400 € |
| Total | 1.850 € |
Estas cantidades ilustran un supuesto; no constituyen presupuestos concretos ni garantizan prestaciones equivalentes a las públicas. Un seguro médico está sujeto a sus condiciones y coberturas, y una aportación mensual a un plan de pensiones no asegura por sí sola una jubilación suficiente.
Aun así, el ejercicio permite dimensionar el esfuerzo: 1.850 euros mensuales, 22.200 euros al año, antes de afrontar la vivienda, la alimentación, la energía, el transporte y los demás gastos cotidianos.
¿Cuántos hogares podrían soportar esa carga de manera continuada? ¿Cuántos se verían obligados a relegar el ahorro para la vejez, limitar las oportunidades educativas de sus hijos o reducir su protección sanitaria?
Las pensiones públicas cuentan con un sistema de financiación y unas reglas propias, en los que las cotizaciones sociales desempeñan un papel central. Comparten, sin embargo, con la sanidad y la educación públicas un principio fundamental: garantizar mediante el esfuerzo colectivo una protección que sería mucho más difícil asegurar con los recursos de cada familia por separado.
Por eso, ante una promesa de rebaja de impuestos, deberíamos exigir una explicación completa: qué ingresos se reducirán, qué servicios se preservarán, cómo se financiarán y qué gastos podrían trasladarse a los hogares. El beneficio de una reducción fiscal debe valorarse junto con sus consecuencias sobre las prestaciones que recibimos.
Esta reflexión debe acompañarnos también cuando acudimos a las urnas.
Votar requiere algo más que simpatía por un dirigente, rechazo a un adversario o fidelidad a unas siglas. Las convicciones y las emociones forman parte de nuestra vida política, pero una decisión de tanta trascendencia exige información, criterio y examen de las consecuencias.
No podemos votar únicamente con el corazón ni dejarnos arrastrar por las vísceras. Debemos votar con la cabeza, analizando qué se propone, cómo se pretende llevar a cabo y a quién beneficia o perjudica.
Ese análisis debe alcanzar tanto a los compromisos explícitos como a las implicaciones que apenas se explican o quedan encubiertas tras fórmulas atractivas. Conviene contrastar los discursos con los programas, las decisiones adoptadas y la trayectoria de quienes solicitan nuestra confianza.
Cuando se anuncia una reforma, una rebaja fiscal o un cambio de gestión, tenemos derecho a conocer sus efectos concretos: ¿mejorará el acceso a la atención sanitaria? ¿Reforzará la educación pública? ¿Preservará la suficiencia de las pensiones? ¿Qué parte del coste recaerá sobre las familias?
Una decisión electoral responsable exige hacer las cuentas completas: lo que podríamos dejar de pagar y lo que tendríamos que empezar a sufragar por nuestra cuenta.
Defender los servicios públicos implica también exigir que funcionen bien. Debemos reclamar transparencia, rigor en el gasto, una administración eficaz, menos listas de espera, una educación de calidad y pensiones suficientes. Su importancia nos obliga a ser exigentes con quienes los gestionan y con quienes aspiran a hacerlo.
Mi experiencia me ha permitido comprender mejor algo que solemos dar por supuesto: cuando he necesitado atención médica, he podido recibirla sin tener que reunir antes 100.000 euros.
Esa tranquilidad descansa sobre el trabajo de miles de profesionales y sobre un compromiso colectivo construido a lo largo del tiempo. Preservarlo y mejorarlo requiere recursos, responsabilidad y decisiones políticas.
Antes de considerar los impuestos únicamente como una carga, preguntémonos cuánto nos costaría vivir sin la protección que contribuyen a sostener. Y antes de depositar una papeleta, examinemos qué futuro estamos respaldando con ella.
Nuestro voto influye en las condiciones en las que viviremos, enfermaremos y envejeceremos. Merece una reflexión a la altura de lo que está en juego.